INVESTIGACIONES: Nuevos actores del campo de la salud mental

INVESTIGACIONES: Nuevos actores del campo de la salud mental

Alicia Stolkiner

Las experiencias de tres tipos de colectivos en el campo
de la salud mental (de familiares, de usuarios y mixtos) que
coinciden en una perspectiva de derechos: quién configura el
“nosotros”, cómo se definen a sí mismos, a la “enfermedad”
y al tratamiento, cuáles son sus objetivos y propuestas, qué
acciones desarrollan y cuál fue su posición y participación
con respecto a la Ley Nacional de Salud Mental.
Antecedentes y preguntas
Uno de los objetivos de nuestra investigación actual [1], que
indaga las articulaciones entre Atención Primaria de la Salud
y Salud Mental, es analizar la dinámica de los distintos
actores cuya voz forma parte del escenario y del debate
sobre las transformaciones en el campo de la salud mental
en el período en estudio (2003-2014). Entre ellos, resultan de
particular interés las organizaciones de usuarios de servicios
de salud mental y las de sus familiares[2]. La investigación
en terreno es siempre el descubrimiento de otros, y esta
tarea nos ha puesto en contacto con personas capaces de
proponer y decidir sobre las políticas y las prácticas de las que
tradicionalmente han sido objeto. Se trata de actores nuevos
e indispensables, que podrían descentrar la hegemonía de
voces corporativas dentro del campo de la salud mental,
fundamentalmente porque son los interesados más directos
y los principales afectados en las prácticas del campo.
Al buscar las articulaciones entre Atención Primaria de la
Salud y Salud Mental, lo hacemos desde un marco teórico que
reconoce la complejidad del proceso de salud-enfermedadcuidado,
así como la necesidad de transformar las políticas
de salud en general, y en salud mental en particular, desde
una perspectiva de derechos. Consideramos que introducir
la “idea fuerza” de derechos se sitúa en el polo subjetivante
del antagonismo central de las prácticas en salud: el que se
tensa entre la objetivación que conllevan los procesos de
medicalización-mercantilización y las prácticas subjetivantes
que ponen en el centro de la escena la dignidad como
categoría. El concepto de dignidad, que operacionalizamos
en dos investigaciones anteriores[3], refiere –tal como lo
define el Diccionario Latinoamericano de Bioética[4]—a que
ninguna persona sea ubicada en el lugar de objeto, de medio
o de mercancía, constituyéndose en pilar conceptual de los
derechos humanos. Desde nuestra disciplina, esto implica el
innegable reconocimiento de la voz y la palabra del sujeto en
todo proceso que lo implique.
En la modernidad, para dar respuesta a la problemática
de la locura, se instituyó el modelo asilar-manicomial en el
que en nombre de la cura “científica” se habilitaba la forma
más radical de destitución subjetiva y construcción de un
estado de excepción de derechos. Este modelo comenzó
a ser cuestionado a mediados del siglo XX, cuando la
confluencia de políticas sociales universales de los estados
de bienestar, la expansión de idearios de derechos en la
posguerra y la aparición de recursos médico-farmacológicos
con capacidad de mitigar las sintomatologías, dieron lugar
al nacimiento de las políticas en salud mental en los países
“centrales” (Galende, 1990). Más allá de las diferencias entre
ellas, estas políticas coincidían en la meta de terminar con
las internaciones prolongadas o indefinidas y abordar las
problemáticas psiquiátricas severas de manera ambulatoria,
desde una perspectiva comunitaria. Alrededor de esta meta
confluían desde propuestas modernizantes que mantenían
representaciones anteriores, hasta propuestas radicales que
cuestionaban de base la psiquiatría misma y deconstruían
sus postulados (Stolkiner y Garbus, 2009).
Por otro lado, en 1978, el mismo año en que comenzaba la
reforma psiquiátrica liderada por Franco Basaglia en Italia,
los países miembros de la Organización Mundial de la Salud
enunciaban en Alma-Ata la estrategia de Atención Primaria
de la Salud que fue tempranamente readaptada a modelos
focalizados de servicios mínimos para poblaciones pobres,
constituyendo la denominada APS selectiva. En los países
centrales, a su vez, se la consideró equivalente a primer
nivel de atención.
En ambos casos se omitía una de sus interpretaciones más
potentes: aquella que la consideraba una nueva estrategia
rectora de los sistemas de salud, que tenía entre algunos
de sus postulados la cobertura universal, la articulación
interdisciplinaria e intersectorial, los recursos adecuados
y no convencionales, la participación de la sociedad en
las decisiones y acciones en salud y la responsabilidad de
pueblos y gobiernos; tendía así a considerar las prácticas en
salud en dimensiones mucho más amplias que los modelos
y formas convencionales del sistema de atención vigente.
La confluencia entre los idearios de ambas tendencias: las
reformas de salud mental y la propuesta de APS, resultaba
posible y necesaria, dado que ambas tenían postulados de
base convergentes. Desde comienzos del siglo XXI, sucedió
en la región una revitalización de la propuesta de APS a
partir de la crítica a las reformas promercado de las décadas
anteriores (OPS/OMS, 2005). Simultáneamente, hubo un
nuevo énfasis de la necesidad de desarrollar reformas en
el campo de la salud mental (OMS, 2001 y 2002). En la
Argentina, en un sistema de salud altamente fragmentado
y segmentado, con inequidades importantes en el acceso y
fuertemente hospitalocéntrico, los planteos de estas reformas
entrañan un particular desafío teórico, político y técnico.
Uno de los supuestos de la investigación era que un escenario
de mayor empleo, conjuntamente con políticas sociales de
corte inclusivo, tal como se dieron en el período en estudio,
favorecería la reinstalación de propuestas y debates previos
sobre la reforma del campo de la salud mental, que tenía ya
importantes antecedentes locales o regionales. Confirmando
este supuesto, en el año 2010 se creó la Dirección Nacional
de Salud Mental y Adicciones en el Ministerio de Salud de la
Nación –que había desaparecido en la reforma del estado de
la década del 90— y a finales del mismo año se promulgó la
Ley Nacional de Salud Mental Nº 26.657, cuya reglamentación
no se ha concretado todavía, y cuya efectivización enfrenta
una fuerte puja de actores.
También era uno de los observables de la investigación la
entrada en el escenario de nuevos actores y voces, entre los
cuales se destacaban las organizaciones y oficinas estatales
de Derechos Humanos y las organizaciones de usuarios y
familiares. En este trabajo abordaremos las últimas. Para ello
hemos recurrido a diversas técnicas de producción de datos:
observación, entrevistas y estudio de materiales producidos
por las organizaciones y sus miembros. Desde la psicología
interesa indagar la dimensión subjetiva singular de estas
prácticas, lo que hemos realizado por medio de entrevistas,
que figuran en trabajos anteriores (Ceriani, Obiols y Stolkiner,
2010; Michalewicz, Obiols, Ceriani y Stolkiner, 2012).
Hemos realizado una selección intencional de tres
organizaciones (lo cual no implica negar la importancia de
muchas otras), porque cada una de ellas representa un tipo
particular de agrupamiento. Los datos han sido construidos
a partir de documentos y páginas públicas de estas
entidades, por lo que no es necesaria la reserva de identidad
que sí ameritan las entrevistas. Nos centraremos en algunas
de sus características: quiénes las componen, cómo definen
sus metas, cómo caracterizan el padecimiento mental, qué
recomendaciones hacen para abordarlo, su posición con
respecto a la Ley Nacional de Salud Mental y algunas de sus
acciones.
Colectivos heterogéneos con acciones convergentes
Los colectivos relevados muestran una notable
heterogeneidad y cierta confluencia en cuanto a los objetivos
centrales. Difieren en su composición (a qué refiere el
“nosotros”), las hay de familiares, usuarios, profesionales y
otras personas como voluntarios o estudiantes; y existen las
que nuclean únicamente usuarios. Definen de distinta manera
la enfermedad y tienen posiciones diversas con respecto a los
tratamientos, pero comparten el enfoque de derechos y han
participado del debate de la Ley Nacional de Salud Mental
con bastantes coincidencias entre ellas. Incluso definen de
distinta manera el tipo de agrupamiento y la forma en que
funcionan (“organización”, “red”, “asamblea permanente”,
etc.), lo cual no es menor.
No hemos incluido en este escrito a las organizaciones de
padres o familiares de niños con problemáticas de salud
mental y a las que reconocen explícitamente como “donnors”
a laboratorios de psicofármacos, de las cuales existen algunas
importantes a nivel internacional –por ejemplo, la Federación
Europea de Familiares de Personas con Enfermedad Mental
EUFAMI–, pero que no hemos encontrado hasta este
momento del relevamiento en la Argentina.
AFEP-Asociación de Ayuda a la Persona que padece
esquizofrenia y su familia [5]
Es una ONG creada en 1994 por familiares. Su consigna
da cuenta de uno de sus objetivos, que es modificar las
representaciones estigmatizantes: “Derribando Mitos”. No
sólo tratan de derribar los mitos sobre la esquizofrenia,
sino el estigma que recae sobre los familiares: el de que su
disfuncionalidad sería la “causa” de la enfermedad y el de
que las familias abandonan a los pacientes. Con respecto al
primero, se apoyan en un énfasis particular sobre el carácter
orgánico de la enfermedad: “Hoy sabemos que es un
problema cerebral posible de tratar, equivalente a la diabetes
en cuanto a su posibilidad de estabilización”, este enunciado
fundamenta su rechazo a las teorías que asignan al grupo
familiar una relación causal fundante en la problemática, y que
les resultan altamente inhabilitantes para constituirse como
gestores de acciones que consideran necesarias. Entre sus
recomendaciones, aconsejan a los familiares reconocer que
“nadie tiene la culpa”.
En relación al segundo estigma, el del abandono, sostienen
que la pérdida de lazos familiares es el resultado final
indeseado al que algunos llegan por falta de un esquema
asistencial que contemple las necesidades de la persona y
del grupo familiar y que soporte y acompañe el proceso de
convivir y vivir con “la enfermedad”.
Abogan por una legislación que garantice los derechos
de las personas con esquizofrenia y sus familias, y hacen
especial énfasis en la información adecuada tanto para los
familiares y personas que padecen esquizofrenia, como
para el conjunto de la sociedad.
Como su nombre lo indica, se nuclean alrededor de una definición
nosológica específica: “esquizofrenia”, pero la anteceden con
“persona que padece” en congruencia con su ideario de no
reducir la persona a la enfermedad. Aunque le asignan un lugar
fundamental a la farmacología, no reducen el tratamiento a ella
y relativizan el saber “técnico-científico”: “La medicación es lo
más importante pero no es suficiente, las personas necesitan
ayuda para los miedos, el aislamiento, el estigma, etc. Las
sugerencias o recomendaciones de los expertos no son reglas
a seguir estrictamente, porque cada persona es única y única
su circunstancia durante su recuperación”, desaconsejan el
psicoanálisis pero consideran recomendables las psicoterapias
individuales y grupales, así como la orientación a familiares,
dentro de lo que consideran terapéutica “psicosocial”, también
proponen actividades psicoeducativas.
Uno de sus subgrupos, el de “Hermanos” realizó en 2011 la
investigación “El estigma asociado a la enfermedad mental
grave. Un diagnóstico del nivel de desinformación y prejuicios
sobre la esquizofrenia en la sociedad argentina actual”[6], un
trabajo importante que fue premiado y responde a objetivos
centrales de la organización.
Han tenido participación activa en algunos procesos de
reforma locales y en el debate legislativo de la Ley Nacional
de Salud Mental, a la que apoyaron. Establecen redes y
participan de encuentros con otras organizaciones afines,
tales como el “Primer Encuentro Nacional y Latinoamericano
de Familiares, Usuarios y Voluntarios por los Derechos
Humanos en Salud Mental”, que tuvo como convocante a la
RED FUV (Ciudad de Buenos Aires, 2011), o en congresos y
eventos profesionales.
RED FUV, Red de Usuarios, familiares, voluntarios,
estudiantes y profesionales[7]
Se constituyó en 2006, convocada por la Organización
Panamericana de la Salud (OPS). Anticiparon en su momento
una propuesta de Ley de Salud Mental, bajo el lema: “¡Por
una ley de salud mental y derechos humanos para todos y
todas!”. Su nombre da cuenta de la heterogeneidad de su
composición; se definen como red integrada por “personas
e instituciones interesadas en el trabajo conjunto por los
Derechos de las Personas con padecimiento mental”. Este
propósito de integrar grupos, asociaciones y personas está
al servicio del objetivo que se enuncia en su lema: “Por
los derechos de las personas con Padecimiento Mental –
Superando lo corporativo rumbo a lo cooperativo”.
Publican un boletín digital periódico en el que, entre otros
temas, dan cuenta de sus actividades. Las mismas son muy
variadas e incluyen desde interlocución con entidades del
Estado, hasta participación en programas de formación de
posgrado en universidades. Tienen una posición sumamente
activa en la búsqueda de conformación de redes con otras
organizaciones y movimientos afines, tal el caso de la Feria de
Emprendimientos Sociales en Salud Mental.
No definen “enfermedad” ni se agrupan alrededor de una
nosografía específica, sino que se centran en “la crisis” a
la que consideran una “ruptura del ciclo vital que puede
ser de causa orgánica, psíquica o social”, un “desequilibrio
transitorio” que también puede constituirse en oportunidad de
modificar o transformar las causas por lo que se llegó a ello y
frente al cual hay que “ayudar en la evolución y rehabilitación
sostenida de los vínculos afectivos, laborales y sociales”. Para
la atención de la crisis proponen preferentemente la forma
ambulatoria y/o internaciones breves en hospitales generales
y abogan por un amplio abanico de servicios y acciones
necesarias para garantizar los derechos de los usuarios.
Los tratamientos deben, para ellos, incluir el apoyo
farmacológico, psicológico y social: “la persona debe contar
con la medicación, con la psicoterapia y el acompañamiento
para enfrentar las necesidades de la vida cotidiana”. Hacen
un especial énfasis en la incorporación en el mundo del
trabajo como uno de los componentes indispensables de los
cuidados. Por ello, en asociación con AFEP, crearon en 2008
la cooperativa U-Manos, “un emprendimiento social y laboral
constituido por un grupo de usuarios del sistema de salud
mental, profesionales, familiares y voluntarios” cuyo objetivo
no es solamente abordar las necesidades y aspiraciones
económicas, sino también a las sociales y culturales.
Apoyaron la Ley Nacional de Salud Mental, participando en
conjunto con otras organizaciones afines, organismos de
Derechos Humanos y del campo de la salud.
Asamblea permanente de usuari@s de los servicios de
salud mental – APUSSAM[8]
Es una organización constituida exclusivamente por usuarios
y usuarias de servicios de salud mental, que fue apoyada y
tuvo su sede inicial en un organismo de derechos humanos:
el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales). Sostienen
la necesidad de tener un espacio absolutamente propio,
más allá de las redes que establezcan con otros organismos
diversos, porque les permite hacer más visible la especificidad
de sus voces y de las necesidades expresadas desde su
lugar. La invitación a uno de sus encuentros nacionales (el
“Pink-Freud”) tenía una indicación elocuente: “No usuari@s
abstenerse”; consultados al respecto, quedaba claro que
cualquiera podía ir, si se consideraba “usuari@” de servicios
de salud mental, pero que no querían estar “bajo” la mirada de
profesionales, investigadores, gestores, familiares o cualquier
otra, en esa instancia de encuentro.
El lema “nada sobre nosotr@s sin nosotr@s” da cuenta de
su objetivo: “buscamos resguardarnos de la situación de
inseguridad jurídica en la que atendemos nuestra salud.
Buscamos cambiar la legislación, evitar abusos y mala
praxis”. Este objetivo también se liga a generar un espacio
de solidaridad entre pares y de acción sobre el conjunto
de la sociedad: “Nos escuchamos y acompañamos en
cada asamblea, apoyando a nuestros compañeros en los
acontecimientos de la vida diaria. Buscamos que cada
falta de respeto, cada acto de discriminación que pretenda
marcarnos con el estigma de la locura, se transforme en un
espacio y un motivo de lucha para transformar la sociedad”.
Han elegido autodenominarse como “usuari@s”, para
diferenciarse de “pacientes”. En su opinión, usuarios plantea
una equivalencia con actividad y capacidad de construcción,
a diferencia de “pacientes” que connotaría pasividad y espera.
Se deduce que han tomado el término usuario en su definición
más esencial: quien hace uso de un servicio. Al definirse de
esta manera, descartan hacerlo por tipos de “enfermedad” o
“patología” y utilizan la denominación “padecimiento mental”.
Sus posiciones al respecto aparecen en algunos documentos
y recomendaciones producidos para incidir en las prácticas
y las políticas que les atañen. En uno de ellos, dirigido a
profesionales que realizan peritajes[9], es posible deducir
algunas definiciones que tienen sobre el padecimiento mental
y sus motivos, a la luz de las indicaciones que dan para las
evaluaciones periciales. Opinan que el padecimiento debe
ser comprendido teniendo en cuenta todas las circunstancias
vitales: “debería considerarse en las evaluaciones en qué
situación familiar, social, laboral y de salud se encontraba
la persona. Algunas situaciones vividas pueden ser causas
o fuertes condicionantes de la enfermedad. En cuanto a
determinantes, sostienen que “hay personas que pueden ser
dañinas y relaciones que pueden enfermarnos o desencadenar
episodios de locura: familias o familiares violentos y nocivos,
el hacinamiento, la desocupación, la imposibilidad de
mantener a la familia, de brindarle la atención necesaria, los
trabajos esclavos, la explotación, son entre otras posibles,
situaciones que producen padecimiento mental”, también
consideran que puede haber causas físicas o neurológicas
que contribuyen. Insisten en la no psicopatologización de la
diversidad, afirmando: “Las rarezas o exotismos en cuanto
a la visión de la vida o las apariencias físicas, costumbres o
formas de pensar y actuar del otro, no deberían ser causas
o motivos de internación o maltrato. Deberían poder incluirse
como formas alternativas; diferentes, pero no enfermas”.
No toman posición con respecto a tipos o escuelas de
tratamiento, pero en todas las formas de asistencia atienden
fundamentalmente a que se respeten sus derechos y se los
considere como sujetos. En relación a la psicofarmacología
en especial, y a todo tratamiento en particular, consideran
indispensable que se les provea la información necesaria para
que su decisión esté en el núcleo central de las elecciones.
Establecen un permanente trabajo en red con otras
organizaciones y participan de actividades en medios
de comunicación, así como de publicaciones en revistas
profesionales y actividades académicas a las que son
invitados/as. Producen documentos sobre temas centrales
a las políticas que les atañen y los dan a difusión por esos
medios. Han apoyado la Ley de Salud Mental y elaborado
observaciones para su reglamentación (Albano y Aquino,
2012). También hacen propuestas concretas de políticas o
decisiones puntuales, como una reciente en la que solicitan
remplazar el pase de discapacidad (que muchas veces los
somete a situaciones de discriminación o indignidad) por una
tarjeta sube específica. Además, participaron activamente en
la promoción del derecho a votar de las personas internadas
en instituciones psiquiátricas.
Reflexiones finales
Hemos tomado algunos ejes o categorías para este estudio,
que lamentablemente dejan fuera de la descripción la riqueza de
muchas de sus acciones y la originalidad de algunos enunciados,
por lo que recomendamos al lector interesado referenciarse a la
documentación digital que se cita en el trabajo.
Nos interesa señalar algunos ejes significativos. Como lo
afirmamos, estas instituciones son sumamente heterogéneas,
pero evidencian en sus acciones gran capacidad de establecer
lazos cooperativos entre sí y con otras. Todas han coincidido
en su apoyo a la Ley Nacional de Salud Mental y uno de los
debates más fuertes alrededor de la misma, el que refiere a los
alcances e incumbencias de cada profesión, es absolutamente
secundario para estos actores, que ni siquiera consideran
necesario expedirse sobre ello. No les importa quiénes dirijan
los equipos o cuál profesión debe tener más peso o poder que
otra, sino que éstos existan y sean acordes a una perspectiva
de derechos, a la par que brinden la atención más adecuada.
No centran sus expectativas de manera exclusiva en reclamos
de asistencia o medicamentos, sino que se proponen ser
actores que aporten al conjunto social desde su especificidad.
También se postulan como activos en el proceso de cuidado,
en el sentido ampliado del término, del padecimiento subjetivo.
En otros trabajos hemos abordado cuales son algunos de sus
obstáculos subjetivos[10], entre ellos el peso del estigma, pero
su producción da cuenta de la capacidad de trascenderlos.
Algunas organizaciones han necesitado el soporte inicial, el
impulso o el andamiaje de otras para desarrollarse. No obstante,
reivindican grados importantes de autonomía en relación a ellas.
Finalmente, ninguna de estas organizaciones se plantea como
objetivo central ser un grupo de “autoayuda” a la manera
tradicional, tienen un énfasis especial en la transformación
de valores, prácticas y representaciones de la sociedad
en su conjunto, y en ese sentido su participación adquiere
dimensión política en el sentido más amplio del término.
Alicia Stolkiner. Lic. en Psicología por la Universidad Nacional
de Córdoba (UNC), Diplomada en Salud Pública Universidad
Nacional de Buenos Aires (UBA), Profesora Titular Regular
de Salud Pública/Salud Mental, Facultad de Psicología de la
UBA, Profesora del Doctorado Internacional en Salud Mental
Comunitaria de la UNLa, coordinadora del nodo Argentina
de la Red de Investigación en Sistemas y Servicios de Salud
del Cono Sur, ex presidente de la International Association of
Health Policies (IAHP).

Referencias bibliográficas
ALBANO A. y AQUINO F. (miembros de APUSSAM): “Desde el alma
y la vida- Habla la asamblea de usuarios de los servicios de salud
mental” Página 12 , 16 de Agosto de 2012 Buenos Aires.
CERIANI, L.; OBIOLS, J.; STOLKINER, A. (2010) Potencialidades
y obstáculos en la construcción de un nuevo actor social: Las
organizaciones de usuarios, Memorias del II Congreso Internacional
de Investigación y práctica profesional en Psicología. XVII Jornadas
de Investigación y Sexto Encuentro de Investigadores en Psicología
del Mercosur.Ediciones de la Facultad de Psicología – Universidad
de Buenos Aires
GALENDE Emiliano (1990): Psicoanálisis y Salud Mental-Para una
crítica de la razón psiquiátrica, Ed. Paidos, Buenos Aires.
MICHALEWICZ, A.; OBIOLS, J.; CERIANI, L.; STOLKINER, A. (2012)
Usuarios de servicios de salud mental: del estigma de la internación
psiquiátrica a la posibilidad de hablar en nombre propio, IV Congreso
Internacional de Investigación y práctica profesional en Psicología.
XIX Jornadas de Investigación y VIII Encuentro de Investigadores en
Psicología del Mercosur. Ediciones de la Facultad de Psicología –
Universidad de Buenos Aires (aprobado para presentación).
Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la
Salud (2005): Renovación de la Atención Primaria de la Salud en las
Américas” Washington, USA.
Organización Mundial de la Salud (2001) Informe sobre la Salud en
el Mundo-Salud Mental: nuevos conocimientos, nuevas esperanzas,
Ginebra.
Organización Mundial de la Salud (2002) Programa Mundial de
Acción en Salud Mental, Ginebra
STOLKINER A. y SOLITARIO R. (2007): Atención Primaria de la Salud
y Salud Mental: la articulación entre dos utopías, en Atención Primaria
en Salud-Enfoques Interdisciplinarios, comp. Daniel Maceira, Ed.
Paidós, Buenos Aires , (121-146).
STOLKINER A. y GARBUS P. (2009): Ética y Prácticas en Salud
Mental, en Bioética, Salud Mental y Psicoanálisis comp. Juan Carlos
Fantin y Pablo Fridman, Editorial Polemos, Buenos Aires (171-186)
Notas
[1]Proyecto UBACyT Articulaciones entre salud mental y atención
primaria de la salud desde una perspectiva de derechos – Argentina
– 2004 y 2014. Directora: Prof. Alicia Stolkiner
[2]Adoptamos la denominación “usuario” porque es la que ellos
eligieron.
[3] Se trata de los Proyectos UBACyT : “Accesibilidad y dignidad en
la atención en servicios de salud mental de Ciudad de Buenos Aires
y conurbano bonaerense en el periodo 2002 -2010: Subjetividad,
representaciones de derechos y sistemas de atención” y “
Accesibilidad y dignidad en la atención en Servicios de Salud del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires: sujetos y derecho a la
atención en salud 2004-2007” Directora: Alicia Stolkiner
[4] Diccionario Latinoamericano de Bioética, Comp. Carlos Tealdi,
UNESCO, 2007.
[5]www.apef.org.ar (último acceso: 10 de agosto de 2012)
[6]http://www.apef.org.ar/novedades acceso 10 de agosto de 2012.
[7]http://www.redfuv.org.ar (último acceso 1-8-2012)
[8]http://asambleadeusuariosdesaludmental.blogspot.com.
aracceso 8/9/2012
[9] “Reflexiones y aportes de la Asamblea Permanente de
Usuarios de los Servicios de Salud Mental sobre los peritajes”
[10] Las presentaciones en congreso mencionadas con
anterioridad a pie de página